La Ley General de Discapacidad (LGD) es la ley española actual que defiende los derechos de las personas con discapacidad y exige a las empresas una cuota de inclusión del 2%.
Se trata de una refundición de la antigua Ley de Integración Social de los Minusválidos (LISMI), la LIONDAU (2003) y la Ley de Infracciones y Sanciones (2007),
Esta normativa busca la inclusión laboral para las personas con discapacidad para que no sean excluidas del mercado laboral.
👉 En su artículo 42.1, indica que aquellas empresas públicas y privadas con 50 o más trabajadores (cómputo total de empleados) están obligadas a que un mínimo del 2% de su plantilla tengan el certificado de discapacidad con un porcentaje igual o superior al 33%.
El cumplimiento de la LGD supone un mercado laboral más justo e inclusivo en el que permite que todas las personas puedan desarrollar y demostrar su talento.
Además, trabajar con personas con discapacidad no solo es un requisito que deberás cumplir para evitar sanciones sino que es una forma de crear un clima laboral positivo y fomentar valores sociales en tu empresa que favorezcan la retención de talento.
🌟 Algunos de los beneficios de implementar un plan de inclusión laboral son los siguientes:
Para las empresas que acrediten la imposibilidad de tener de forma directa un 2% de su plantilla con personas con discapacidad, la LGD contempla una serie de Medidas Alternativas que pueden solicitarse de manera excepcional y temporal (3 años).
Si este es tu caso, puedes solicitar la Declaración de Excepcionalidad y contribuir a la creación de empleo para personas con discapacidad de forma indirecta. Existen las siguientes opciones:
✍️ Contratar un centro especial de empleo para la prestación de servicios ajenos.
💰 Realizar una donación monetaria a entidades sin ánimo de lucro que tengan como objetivo la inclusión social de personas con discapacidad.
💼 Constituir un enclave laboral con un centro especial de empleo.
Si no estás cumpliendo con la Ley General de Discapacidad puedes ser sancionado.
Las multas por el incumplimiento de esta Ley pueden ser leves, graves y muy graves. Las más leves oscilan entre los 301 y 6.000€ anuales por persona con discapacidad no contratada o ausencia de medidas alternativas. Las multas pueden ascender hasta los 600.000 y 1.000.000€ para las más graves.
Si no tienes claro cómo tu empresa puede cumplir con la LGD y qué medidas tomar podemos ayudarte, déjanos tus datos y un experto te asesorará sobre qué alternativa encaja más con tu empresa.